Cooperativas de trabajo, en mora
Más de 7 mil cooperativas están incursas en causal de disolución y liquidación por incumplimiento de trámites, el Gobierno les solicita ponerse al día, pero los sindicatos piden acabarlas.
Ante el anuncio de la Superintendencia de la Economía Solidaria de disolver y liquidar 7.741 cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, CTA, que, a la fecha, no han ajustado sus regímenes y estatutos a la nueva reglamentación que rige a estas entidades en el país, las tres centrales sindicales del país manifestaron que se trata de una medida positiva, pero parcial, pues coincidieron en señalar que lo que falla es el sistema mismo de este tipo de cooperativas, que así cumplan con la nueva reglamentación no dejan de ser un instrumento de intermediación y precarización laboral, “Por tanto, el gobierno se quedó corto con la medida, pues lo que debe hacer es acabar con el sistema, y no sólo depurarlo”, afirman.
El pasado 17 de julio la Superintendencia de Economía Solidaria, con la firma de su titula Enrique Valderrama Jaramillo, emitió una circular en la que anunció la medida con base en el Decreto 4588 de 2006 y la Ley 1233 de 2008, normas que buscan ordenar el universo de las CTA en el país y asegurar su correcto funcionamiento.
Según lo explicó Miguel Ángel Lemus, Superintendente Delegado, para determinar el número de CTA que no tramitaron la autorización de sus regímenes ante el Ministerio de la Protección Social antes del 23 de enero de 2009 (plazo establecido por la Ley 1233), y por tanto quedaron incursas en causal de disolución y liquidación: 7.741 en total, se hizo un cruce de información entre las entidades inscritas en las diferentes cámaras del comercio del país, las que solicitaron autorización de sus regímenes ante el Ministerio y las registradas por la Superintendencia de Economía Solidaria.
Se calcula que en las cámaras de comercio, la Supersolidaria y el Ministerio hay registradas unas 12.272 CTA. Lo que quiere decir que hay unas 4.500 que tienen sus registros al día, las cuales, según el señor Lemus, también están siendo objeto de acciones de control. La Superintendencia tiene en ejecución un plan de seguimiento a las CTA que cumplen con los requisitos de ley, para evitar irregularidades y uso indebido. Esto lo hace a través de visitas de inspección, que en lo que va del año han dejado como resultado la apertura de más de 30 procesos investigativos sancionatorios.
Posición de Centrales Sindicales
Julio Roberto Gómez, Secretario General de la Confederación General del Trabajo, CGT, consideró que en la decisión de la Supersolidaria han tenido mucho que ver las denuncias permanentes que las centrales sindicales han venido haciendo contra el sistema de las cooperativas, tanto en el país como en foros internacionales, como la Conferencia 98 de la OIT recientemente celebrada. Sin embargo, fue categórico al afirmar que lo que debe hacer el Gobierno es cerrar todas las cooperativas de trabajo asociado, porque el uso que de ellas se está haciendo en Colombia es el de intermediarias laborales, en lo que se conoce como contratos basura, y en ese sentido están jugando un papel inconveniente para los trabajadores. “Lo que no quiere decir que no nos guste la decisión que ha tomado la Supersolidaria. El hecho de que el Gobierno quiera ahora ponerlas en cintura, es un buen comienzo”, aclaró.
Agregó el señor Gómez que frente al sistema de las cooperativas, la CGT privilegia otras formas de contratación, como el contrato sindical, por ejemplo, que si bien no es un sistema ideal, sí puede ser una forma transitoria más decente hacia lo que busca el movimiento sindical: que los trabajadores tengan un contrato directo y no formas tercerizadas de relación laboral.
Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en un comunicado firmado por su presidente Tarsicio Mora, señaló que si bien la decisión de la Supersolidaria va en la dirección propuesta por la CUT para reactivar la económica, la defensa y generación de empleo y la protección de los desempleados, es necesario el desmonte de este sistema de contratación.
“El Estado debe ser el primero en garantizarle condiciones de trabajo decente a todos los trabajadores y exigir a los empresarios la contratación de manera directa y la eliminación de la intermediación laboral a través de contratistas, CTA, o contratos de prestación de servicios. El gobierno debe dar ejemplo del desmonte de las cooperativas, los contratos basura y el sistema de tercerización que hoy existe en las instituciones estatales y en el sistema de salud, entre otros”, señala la CUT en su comunicado.
En representación de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, su presidente Apecides Alvis dijo a la Agencia de Información de la ENS que está bien que se liquiden las cooperativas que no cumplan con las normas establecidas para su funcionamiento, pero que esa no es la solución que desde hace tiempo viene reclamando el sindicalismo nacional. La solución, dijo, es la eliminación de todo el sistema, que es “perverso” para los trabajadores vinculados a él.
Ante el anuncio de la Superintendencia de la Economía Solidaria de disolver y liquidar 7.741 cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, CTA, que, a la fecha, no han ajustado sus regímenes y estatutos a la nueva reglamentación que rige a estas entidades en el país, las tres centrales sindicales del país manifestaron que se trata de una medida positiva, pero parcial, pues coincidieron en señalar que lo que falla es el sistema mismo de este tipo de cooperativas, que así cumplan con la nueva reglamentación no dejan de ser un instrumento de intermediación y precarización laboral, “Por tanto, el gobierno se quedó corto con la medida, pues lo que debe hacer es acabar con el sistema, y no sólo depurarlo”, afirman.
El pasado 17 de julio la Superintendencia de Economía Solidaria, con la firma de su titula Enrique Valderrama Jaramillo, emitió una circular en la que anunció la medida con base en el Decreto 4588 de 2006 y la Ley 1233 de 2008, normas que buscan ordenar el universo de las CTA en el país y asegurar su correcto funcionamiento.
Según lo explicó Miguel Ángel Lemus, Superintendente Delegado, para determinar el número de CTA que no tramitaron la autorización de sus regímenes ante el Ministerio de la Protección Social antes del 23 de enero de 2009 (plazo establecido por la Ley 1233), y por tanto quedaron incursas en causal de disolución y liquidación: 7.741 en total, se hizo un cruce de información entre las entidades inscritas en las diferentes cámaras del comercio del país, las que solicitaron autorización de sus regímenes ante el Ministerio y las registradas por la Superintendencia de Economía Solidaria.
Se calcula que en las cámaras de comercio, la Supersolidaria y el Ministerio hay registradas unas 12.272 CTA. Lo que quiere decir que hay unas 4.500 que tienen sus registros al día, las cuales, según el señor Lemus, también están siendo objeto de acciones de control. La Superintendencia tiene en ejecución un plan de seguimiento a las CTA que cumplen con los requisitos de ley, para evitar irregularidades y uso indebido. Esto lo hace a través de visitas de inspección, que en lo que va del año han dejado como resultado la apertura de más de 30 procesos investigativos sancionatorios.
Posición de Centrales Sindicales
Julio Roberto Gómez, Secretario General de la Confederación General del Trabajo, CGT, consideró que en la decisión de la Supersolidaria han tenido mucho que ver las denuncias permanentes que las centrales sindicales han venido haciendo contra el sistema de las cooperativas, tanto en el país como en foros internacionales, como la Conferencia 98 de la OIT recientemente celebrada. Sin embargo, fue categórico al afirmar que lo que debe hacer el Gobierno es cerrar todas las cooperativas de trabajo asociado, porque el uso que de ellas se está haciendo en Colombia es el de intermediarias laborales, en lo que se conoce como contratos basura, y en ese sentido están jugando un papel inconveniente para los trabajadores. “Lo que no quiere decir que no nos guste la decisión que ha tomado la Supersolidaria. El hecho de que el Gobierno quiera ahora ponerlas en cintura, es un buen comienzo”, aclaró.
Agregó el señor Gómez que frente al sistema de las cooperativas, la CGT privilegia otras formas de contratación, como el contrato sindical, por ejemplo, que si bien no es un sistema ideal, sí puede ser una forma transitoria más decente hacia lo que busca el movimiento sindical: que los trabajadores tengan un contrato directo y no formas tercerizadas de relación laboral.
Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en un comunicado firmado por su presidente Tarsicio Mora, señaló que si bien la decisión de la Supersolidaria va en la dirección propuesta por la CUT para reactivar la económica, la defensa y generación de empleo y la protección de los desempleados, es necesario el desmonte de este sistema de contratación.
“El Estado debe ser el primero en garantizarle condiciones de trabajo decente a todos los trabajadores y exigir a los empresarios la contratación de manera directa y la eliminación de la intermediación laboral a través de contratistas, CTA, o contratos de prestación de servicios. El gobierno debe dar ejemplo del desmonte de las cooperativas, los contratos basura y el sistema de tercerización que hoy existe en las instituciones estatales y en el sistema de salud, entre otros”, señala la CUT en su comunicado.
En representación de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, su presidente Apecides Alvis dijo a la Agencia de Información de la ENS que está bien que se liquiden las cooperativas que no cumplan con las normas establecidas para su funcionamiento, pero que esa no es la solución que desde hace tiempo viene reclamando el sindicalismo nacional. La solución, dijo, es la eliminación de todo el sistema, que es “perverso” para los trabajadores vinculados a él.